Fiscal pampeano pidió la detención del director
del diario La Nueva Provincia
La Unidad Fiscal a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzani solicitó el 2 de mayo la detención del empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y de su ex secretario de redacción Mario Gabrielli. Se les imputa haber formado parte del plan criminal que posibilitó el genocidio de la última dictadura.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense a cargo de los doctores José Nebbia y Miguel Palazzani solicitó el jueves 2 de mayo al juez federal Santiago Martínez que detenga, indague y prohíba la salida del país al empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y a su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, a quienes imputó por su participación en el plan criminal que configuró el genocidio sufrido en nuestro país durante la segunda mitad de la década del ’70. En tal sentido ha quedado también subrayada la responsabilidad que cupo en el plan criminal a la madre de Massot, Diana Julio, y a uno de sus hermanos, Federico. Todos ellos formaban parte del grupo medular con poder de decisión en el diario del que Julio era directora durante el periodo en cuestión. Bajo la dictadura, y mientras en el mismo edificio funcionaba un Centro Clandestino de Detención (CCD), Vicente Massot visitaba en la ESMA al represor Jacinto Chamorro. Su madre, Diana Julio, hacía lo propio en la Base Naval de Puerto Belgrano con el Jefe de Operaciones Navales Luis María Mendía, a quien también recibía en su despacho. Su otro hijo, Federico, trataba de “cagones” a los represores navales que “no se animaban a fusilar” públicamente a los secuestrados.
El documento donde Nebbia y Palazzani plasmaron la acusación responde a un señalamiento formulado por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que al dictar sentencia en el primer juicio contra represores en Bahía Blanca ordenaron “extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa”. El Juzgado Federal que recibió la causa fue el del juez Santiago Martínez, quien delegó la investigación en la Unidad de Nebbia y Palazzani. Los fiscales se abocaron al trabajo y hallaron elementos suficientes para formular las acusaciones ante el propio magistrado, que deberá ahora decidir.
La acusación sobre los cuatro mencionados mandamases dos de los cuales se encuentran fallecidos, por lo que la acción penal se extinguirá luego de certificados sus decesos pero no así su responsabilidad histórica- sobreviene luego de señalados en la prensa y la Justicia un conjunto de hechos que vinculan a la plana mayor de La Nueva Provincia con la represión clandestina.
El primero de ellos es el caso de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Para 1975 ambos eran delegados gremiales en la empresa y, en reclamo de la aplicación efectiva un convenio colectivo ya firmado por las partes, fueron las caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que el diario no apareciera. Cuando el matutino volvió a los kioscos, el primer día de septiembre de ese año, su directora acusó a los gremialistas de liderar una “labor disociadora” y les advirtió que sus “fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”.
Dos meses después, la Prefectura de Zona del Atlántico, cuya participación en la represión clandestina se estructuraría bajo la órbita de la Armada a cuyos altos mandos Diana Julio daba indicaciones, elaboró el borrador de su “Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)”, que incluía una nómina del “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (sic). Heinrich y Loyola figuraban a la cabeza de la lista.
El 30 de junio, ambos delegados gremiales fueron secuestrados de sus hogares. Por espacio de cuatro días completos permanecieron desaparecidos. Tal novedad no motivó la extrañeza del periodista Norman Fernández, hoy segunda línea de Vicente Massot, que en una reciente entrevista dijo que no había visto “nada raro” dentro de la empresa en esos años. El 4 de julio los cadáveres de ambos trabajadores fueron hallados a la vera de una ruta. Estaban maniatados, con signos de torturas y sobre ellos se habían disparado más de cincuenta balazos. El periodista Carlos Iaquinandi, que para 1976 era una de las voces del informativo de LU3 y tenía activa militancia gremial, comprendió entonces que debía irse del país. Hoy opina que los homicidios de Heinrich y Loyola, por los que ya hay elevados a juicio varios militares, contenían además un claro mensaje mafioso.
Fuente: Agencia Paco Urondo.
El Diario de La Pampa. http://www.eldiariodelapampa.com.ar
Los trabajadores de La Nueva Provincia fusilados
Delegados “raleados”
Por Diego Martínez
El 6 de diciembre de 1975, cuando Prefectura de Zona del Atlántico escribió el borrador del “Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)”, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaban la lista de “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL” para la dictadura. Ralear a los delegados del diario era una “efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’” tendiente a “sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”. Prefectura era el “ojo y vida” del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca, escribió su jefe de inteligencia, capitán Juan Iglesias. El comandante era el vicealmirante Luis María Mendía, el hombre a quien la directora del diario, Diana Julio de Massot, recibía por las noches en su despacho, según escribió Adolfo Scilingo. La señora sentía repulsión por los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, que en agosto impidieron la salida del diario durante tres semanas para exigir la aplicación de un franco cada cuatro días. El día que LNP reapareció, su directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, los equiparó con “la infiltración más radicalizada” e ironizó que por los fueros creían ser “una nueva raza invulnerable de por vida”.
El 22 de marzo de 1976, Prefectura elevó el informe al Servicio de Inteligencia y a Mendía. Dos días después, cuando el golpe de Estado era un hecho, Diana Julio y su hijo Vicente Massot fueron con una bandera argentina a provocar a la imprenta: “¿A qué no hacen huelga ahora?”. La “acción contrarrevolucionaria” se concretó el 30 de junio. Al atardecer, un grupo de hombres se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse denotaban cierta cultura”, declararía la mujer de Loyola. Los hombres cultos maniataron y vendaron a familiares y amigos y les inyectaron somníferos, igual que en la ESMA antes de los traslados. Cuando tuvieron a Loyola fueron a secuestrar a Heinrich.
La noticia de los secuestros trascendió entre los trabajadores de LNP pero no apareció en sus páginas. El domingo 4 de julio aparecieron los cadáveres. Estaban maniatados por la espalda, torturados y acribillados. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 mm. El lunes se publicó un aviso fúnebre de la familia Loyola y recién el martes, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, los Massot dieron la noticia en veinte líneas. No informaron que eran delegados ni que habían osado enfrentarlos, apenas que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”.
Durante los siguientes 36 años, LNP no mencionó los crímenes. En julio, la Cámara Federal local confirmó ocho procesamientos por los asesinatos. El acusado de mayor jerarquía es el contraalmirante Manuel García Tallada, jefe del Estado Mayor que encabezaba Mendía. Lo acompañan los capitanes Guillermo Botto y Oscar Castro, y por liberar la zona el general Juan Manuel Bayón. De Prefectura están procesados Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, firmantes del informe del raleo, y sus subordinados Néstor Alberto Nogués y Luis Angel Bustos. El último fue reconocido en el secuestro de Gerardo Carcedo, un ex concejal del Frejuli que también generaba dolores de cabeza a los Massot y que antes de desaparecer fue visto en el centro clandestino de Mendía, en la base Baterías. La noticia de los procesamientos no apareció todavía en las páginas de La Nueva Provincia.
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