Por Heinrich y Loyola
Fiscalía pidió 18 perpetuas y la publicación
de la sentencia en La Nueva Provincia
“Señores jueces vamos a terminar este alegato con la palabra de la víctima en el entendimiento de que nuestro trabajo comienza y termina con ellas porque, en definitiva, somos parte de su voz”, dijo el fiscal José Nebbia tras seis jornadas de exposición en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los cinco restantes.
Miguel Palazzani, previamente argumentó un “pedido especial” como parte de la reparación integral a las víctimas, para que se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.
Tienen derecho a que ese diario repare en algo el daño. Al menos en este caso que publique que los asesinos, torturadores y desaparecedores han sido condenados. Que publiquen el nombre de sus víctimas y las penas que deberán seguramente purgar. Eso en una pequeña medida traerá justicia y alivio. Seguramente les ocupe solamente una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero por sobre todo y por primera vez La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”, afirmó.
En el petitorio, Nebbia y Palazzani requirieron la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: “Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas”.
En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año pasado, se juzgan crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
El derecho a réplica
En el final de su exposición, cuando requirieron que la sentencia se publique en el diario La Nueva Provincia, Nebbia y Palazzani recordaron que “durante todo el debate y también en los otros dos juicios que se desarrollaron en esta jurisdicción” se pudo ver cómo el diario “manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca”.
En efecto, recordaron la sentencia de este mismo TOCF tras el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, en la que, al referirse al conglomerado mediático, los jueces suscribieron: “Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
En el alegato los fiscales evaluaron que “esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal”.
“Fueron acción psicológica, fueron parte del entramado criminal, y parte esencial, sin la cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio en Bahía Blanca y la región con el grado de profundidad y encubrimiento que lo fue”, enfatizaron. Al respecto, explicaron que “el crimen de Estado se facilitó y se profundizó con la acción psicológica y el encubrimiento mediático”.
Nebbia y Palazzani, quienes vienen reclamando en otras causas el procesamiento del director del diario, Vicente Massot por su participación en crímenes de lesa humanidad, refirieron que el medio reprodujo “el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático”, ambos “indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo”.
Massot cara a cara con Heinrich y Loyola
Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.
El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.
Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.
Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.
La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.
Del conflicto gremial a la subversión marxista
A partir de 1973, esos textos “avanzaron en un proceso de señalamiento de quienes consideraron sus enemigos”, por ejemplo, calificaban a la federación FAPREN como un “soviet de trabajadores de prensa” y advertían que “ante las amenazas de FAPREN no traicionaremos 77 años de prédica nacional”. El fiscal resaltó el posterior perfeccionamiento del discurso mediante el cual marcaban los “soviets enquistados entre los delegados y dirigentes sindicales que abusaban de sus fueros en función de una labor disociadora”.
“Coincide la empresa con las fuerzas estatales en las tareas de señalamiento, nombres, apellidos, horarios y actitudes, el lenguaje utilizado desde los editoriales del diario. Dichas referencias iban acompañadas por una permanente caracterización del conflicto en términos político ideológicos e incluso belicistas, y en la indicación de los temperamentos a seguir por la empresa”, explicó Palazzani.
Solo les restaba a las editoriales de la familia Massot identificar a sus enemigos por nombre y apellido. De eso se encargaba Federico, el mayor de los hijos de la dueña, quien señalaba a los gremialistas en cartas dirigidas al delegado del Ministerio de Trabajo, Américo De Luca.
“Todo es perfectamente coherente con las denuncias que hicieran organismos de seguridad respecto a que las nuevas tácticas de las agrupaciones extremistas estarían dirigidas a crear el caos dentro de las empresas como la difícil y no subsanada situación creada en la industria siderometalúrgica de Villa Constitución. No puede pasar desapercibida la gravedad que implica en cuanto a repercusión pública la afectación de un medio periodístico que sirve a la comunicación masiva de la población y claramente enrolado desde siempre en la lucha contra la subversión marxista”, escribió en abril de 1975.
Siguió: “Conocedores de esta circunstancia, pues no pueden ignorarla el personal gráfico de esta empresa con la presencia y aval de los señores Enrique Heinrich, Miguel Ángel Loyola y Manuel Jorge Molina, secretario general, tesorero y cuarto vocal suplente respectivamente del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. (…) referido al tema de la escasez del personal, nunca como ahora se ha hecho uso y abuso de las prerrogativas que gozan los dirigentes gremiales del sector gráfico. Prueba de ello es que durante 1974 y lo que va de 1975, y por citar un ejemplo, el señor Enrique Heinrich ha hecho uso de licencia gremial 31 días y 39 días, respectivamente”.
Guerrilla sindical y personal a ser raleado
Informe Prefectura
El fiscal Palazzani destacó en su alegato la existencia entre la prueba documental de los papeles rescatados de la sección Informaciones de la Prefectura Naval. En particular, el “Estudio realizado sobre el diario La Nueva Provincia de esta ciudad (guerrilla sindical)”. Allí se fijaba el personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental -definición tomada de los reglamentos de operaciones psicológicas- que en la región no pudo ser otro que el monopolio administrado por Diana Julio y sus hijos Federico y Vicente Massot. Heinrich y Loyola encabezaban la lista.
El primer informe del “Estudio” está fechado el 6 de diciembre de 1975 y menciona las “actas notariales” del multimedio, “detalle que de la única forma que la Inteligencia podía conocer era por los miembros de la empresa que llevaban a su escribano para documentar el sabotaje”.
“Se habla de las actas y dice que esa información, más las denuncias de la empresa en sede militar, serían de fundamental importancia llegado el momento contra funcionarios gubernamentales y sindicales. Informe del 22 de marzo del 76, en la inmediata antesala del golpe de Estado y la detención de numerosos políticos y sindicalistas de Bahía Blanca y Punta Alta que se concretó por esos días en perfecto cumplimiento del Plan del Ejército que tenía las listas iniciales para detener militantes en la primera andanada del 24 al 27 de marzo”, describió el fiscal.
El documento también mencionaba al subcomisario Héctor José Ramos, el encargado de seguridad del diario que “contaba las balas de su arma frente a los empleados” cuando estos hacían quitas de colaboración. Ramos fue segundo jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de Buenos Aires hasta su muerte.
Indudable e irrefutable
Palazzani mostró el poder especial “con amplias facultades” dado por escritura pública de parte de la dirección de La Nueva Provincia a Vicente Gonzalo Massot, el único sobreviviente del núcleo duro de la empresa, beneficiado por falta de mérito dictada por un juez amigo. “Ya en julio de 1975 la dirección del diario y en el marco del peor conflicto gremial, hacía a un lado a cualquier director de personal y lo ponía a uno de los accionistas e hijo de la directora”.
El actual director tenía en la época la “facultad especialísima de encargarse de los asuntos que guardan relación con el personal de la empresa, en especial los motivados por cuestiones laborales pudiendo suspender, despedir o cualquier otra sanción con respecto al mismo, como así también suscribir todo tipo de documentación pública o privada que se relacione con las facultades que se le otorguen. Las potestades eran amplias y para manejarse en cualquier ámbito administrativo en representación indudable e irrefutable de la empresa La Nueva Provincia cualquiera que fuere su naturaleza y la jurisdicción a que corresponde”.
Actas de doble filo
Las actas refrendadas por el escribano Raúl Vicente Galmarini fueron utilizadas por la familia Massot como una herramienta más para amedrentar a sus trabajadores durante el transcurso del conflicto gremial. Cuarenta años después de aquellas noches de tensas negociaciones entre el sindicato y la patronal, nutren la prueba que compromete a un puñado de uniformados y al propio Vicente Massot. “Son las actas notariales que referencia el informe de Prefectura y que, en la visión de ellos, hablan de los presuntos actos de sabotaje”, destacó Palazzani.
Por ejemplo, el 14 de septiembre de 1975 el apoderado del diario, Jorge Bermúdez, le solicitó al escribano que constate “todas las dificultades que se ocasionen en la confección del periódico en virtud de lo dispuesto por el personal de Talleres de trabajar a reglamento y con retiro de colaboración. (…) Ahí mismo agrega que cualquier comunicación con el personal se efectuará por intermedio del señor Vicente Massot”.
El secretario general de los gráficos, Enrique Heinrich, se presentó ante el jefe de Talleres y luego fue citado a la subdirección por Massot quien le dijo que “la empresa abonará horas extras siempre y cuando se comprometa el personal a que el periódico salga en un plazo razonable”. Heinrich consultó con sus compañeros y media hora después contestó a Massot que “el personal ha resuelto no comprometerse”. El empresario decidió reducir la cantidad de páginas de la edición para publicar el diario a tiempo.
A las 4:15 Massot se reunió con un maquinista y dejó constancia de que “este cambio no implica que se solicite colaboración y que se trabaje horas extras”. Heinrich pidió explicaciones al hijo de Diana Julio y así transcurrieron las horas con el dirigente repitiendo las consultas a sus compañeros y negociando con Massot.
El propio Vicente apareció en el taller y solicitó a los armadores Jorge Molina, Adolfo Constantino y Francisco Duca que ante la ausencia de personal realicen las pruebas de galera. Los tres se negaron y las tareas fueron realizadas por socios de la empresa. “Este acta demuestra muchas cosas, pero básicamente lo pone a Massot en el centro de la escena del conflicto gremial y también pone en el centro de la escena a una de las víctimas de este juicio, Enrique Heinrich. Todo esto es génesis y origen de sus asesinatos”.
Massot vs. Heinrich
El acta del 16 de septiembre de 1975 registra que Federico Massot traspasa por decisión de la empresa “todo trato con el personal” hacia su hermano Vicente quien, cinco minutos después del mediodía, se reunió en los talleres del diario con Enrique Heinrich para pedirle que junto al personal de estereotipia cubra la tarea de los maquinistas ausentes. El secretario general de los gráficos consultó a sus compañeros e informó que lo harían “sin responsabilizarse por cualquier rotura o desperfecto” y exigió el abono de horas extras impagas.
“Massot responde que estaba de acuerdo con lo expuesto en los puntos primero y segundo, con relación al tercero manifiesta que la empresa no adeuda ninguna hora extra ni se ha comprometido a pagar las mismas en esos días en razón de que el personal realizara paros parciales por secciones. La empresa -la empresa es él-, estaba dispuesta a abonarlas aunque no lo haría por escrito por considerar suficiente el compromiso verbal. Nuevamente mano a mano Heinrich con Vicente Massot negociando”, dijo Palazzani.
El dirigente sindical comunicó luego que los trabajadores realizarían un paro hasta las dos de la madrugada afectando la salida del diario. Cumplida la medida de fuerza Massot recibió a Heinrich y al delegado Luis Martínez y les comunicó que “dado que a las dos los linotipistas al cumplir su horario habitual y haberse negado a horas extras, y ante la imposibilidad de completar la edición del periódico, podía retirarse el personal de la máquina”.
Massot vs. Loyola
También está probada la intervención cara a cara de Massot con Miguel Ángel Loyola. La perpetuó el escribano en el acta del 28 de septiembre en la cual relata que durante los primeros minutos de aquella jornada y ante la negativa empresarial de reconocer las demandas de los trabajadores, Loyola y Martínez comunican que “no prestarán colaboración”.
“Massot me solicita que deje constancia que en estas condiciones el diario no puede salir en la edición del día de la fecha y comunica a los delegados que el personal puede retirarse. Asimismo me solicita deje constancia que el personal ausente en máquinas e estereotipia es el siguiente. Y encabeza la lista Enrique Heinrich”, leyó el fiscal.
A las 5:45 el patrón labra un acta en la cual “ratifica que el personal puede entrar libremente a los talleres, siempre y cuando se comprometa a cumplir con sus funciones”. Loyola y Jorge Molina se niegan a firmar.
“El imputado aquí, en pleno goce de sus facultades, señalando quién podía entrar y quién salir del lugar del trabajo y si entraban qué tenían que hacer. Vemos también a Molina y Loyola. No olvidemos lo que significaba La Nueva Provincia y la familia Massot en aquella época. No olvidemos que dos empleados de La Nueva Provincia, tres, cuatro y cinco y toda la sección Talleres estaban diciéndole en la cara que no iban a sacar el diario, y le estaban diciendo que no a cada insinuación de recorte, de mando o de que no se les daban las extras o cualquier otro reclamo. El enfrentamiento se nota claramente en las actas que documentan desde esa época su situación”, comentó Palazzani.
Al día siguiente, la orden dictada al escribano fue que “el personal de Talleres no puede entrar sin previamente firmar un compromiso de cumplir normalmente su tarea”. A las tres de la tarde Vicente Massot cita a la dirección del diario a dos perforadores de cometas y les pide que “efectúen el mismo trabajo de perforación para las offset. Los perforadores se niegan a instancias de su gremio. “Nuevamente la dirección del diario presionando al sindicato y nuevamente el sindicato contestando de manera firme y fuerte”.
Perseguido por no cobrar
Las pruebas documentales muestran que la intervención personal del actual director de La Nueva. se mantuvo por varios meses más. Las actas del 28 de enero de 1976 fueron develadas durante el alegato fiscal para ejemplificarlo.
Recuerdan dichos documentos que Diana Julio de Massot llamó al escribano para constatar que “el operario Enrique Heinrich se retiró de la empresa sin percibir sus haberes de vacaciones”. Entre las cinco de la tarde y las diez de la noche “la mismísima directora de La Nueva Provincia estaba ocupada en perseguir a un obrero gráfico para que cobrara sus haberes de vacaciones. Despliegue inusitado para semejante nimiedad”, opinó Palazzani.
Agregó que “para ello no escatimaron esfuerzos. Citaron al escribano, al contador de la empresa, y lograron el objetivo buscado. Habiendo llegado a la empresa el señor Carloni, siendo las 22:10 para proceder a abonar al señor Heinrich, éste se había retirado de la misma no obstante estar en su horario habitual de trabajo, el cual es de 21:30 a dos de la mañana. La finalidad era constatar que Heinrich no estaba en el trabajo y generar nuevamente la idea de sabotaje y, eventualmente si lo presentaban en una acción judicial, su despido con causa”.
El propio Vicente Massot fue quien persiguió al secretario general del Sindicato de Artes Gráficas durante todo el día: “Siendo las 22:30 y en cumplimiento de lo solicitado -da fe el escribano- realiza una recorrida por dependencias del diario La Nueva Provincia en compañía del señor Vicente Massot constatando que Heinrich se encuentra ausente”.
Otro mérito
Aquel registro diario del proceso de sabotaje fue ordenado Diana Julio y sus hijos Federico y Vicente. La sección Informaciones de la Prefectura Naval se nutre de las actas notariales y de las denuncias públicas y privadas ante las autoridades del V Cuerpo de Ejército y la Base Puerto Belgrano para su informe sobre “la guerrilla sindical”.
Palazzani afirmó: “El comisario Héctor José Ramos definió en reiteradas oportunidades como Peronismo de Base al grupo encargado de sabotear a La Nueva Provincia. Recuerdo que el grupo del Peronismo de Base en el Plan del Ejército del 76 está como blanco calificación A1, eran los primeros que había que ir a buscar. Lamentablemente, dice el informe de Prefectura, el comisario Ramos muere víctima de un atentado terrorista el 20 de marzo del corriente año, antes de concluir su labor de esclarecimiento en tal sentido”.
“El informe no mentía. La empresa hizo constar en esas actas los nombres, los días, las conductas de lo que, junto con las fuerzas estatales, consideraban un proceso de infiltración de elementos subversivos. Hablamos del informe que manda a ralear a Heinrich y a Loyola”, aclaró.
Enrique y Miguel Ángel fueron secuestrados de sus casas la noche del 30 de junio de 1976. Sus cuerpos torturados y acribillados fueron encontrados el 4 de julio en las afueras de Bahía Blanca. “Déjense de romper las pelotas que la mano viene dura”, les habían dicho en el V Cuerpo de Ejército quince días antes de los secuestros.
Sus familias denunciaron las desapariciones y posteriores asesinatos. A los pocos días, los sumarios policiales fueron clausurados. El juez provincial Francisco Bentivegna “la única actividad que hizo fue secuestrar una botella de ginebra Bols” y sobreseer parcialmente la causa de Loyola dos meses después. El 27 de septiembre el juez Juan Alberto Graziani hizo lo mismo con la investigación sobre la muerte de Heinrich. “Los buenos van al cielo”, respondió el arzobispo Jorge Meyer a la viuda del secretario general.
“Son investigados dos homicidios”, tituló el diario a los dos párrafos que hacían referencia a los crímenes, perdidos en la edición del 6 de julio. Heinrich y Loyola no volverían a ser mencionados en las páginas de Massot durante 38 años. “Hasta cuando ya no tenían otra manera de defenderse públicamente de la imputación”, dijo el fiscal Palazzani destacando así “otro de los méritos de estos juicios”.
Fuente: FM de la Calle y fiscales.gob.ar
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