La diligencia, que demandó más de 11 horas, fue encabezado por el fiscal pampeano Miguel Ángel Pallazani y José Nebbia, junto con colaboradores de la Unidad Fiscal y con el apoyo de integrantes de la Gendarmería Nacional, ingresaron pasadas las 8.30 al edificio del diario ubicado en Rodríguez 55, en pleno centro de la ciudad.
Fuentes judiciales señalaron a Télam que "durante el allanamiento se secuestraron fotografías, recortes periodísticos y legajos que datan del período de la dictadura cívico militar".
"En el marco del procedimiento los fiscales recorrieron desde la Dirección del diario hasta el subsuelo en búsqueda de elementos relacionados con la causa", agregaron.
Las fuentes consultadas expresaron que "también se secuestraron dos CPU con importante información que no figuraba en la causa Ejército ni de la Armada".
Según se indicó, durante toda la diligencia judicial estuvo presente el asesor letrado del diario como así también personal jerárquico.
Los funcionarios judiciales recorrieron desde la Dirección del Diario hasta el subsuelo, lugares en los que se encuentra el archivo, entre otras áreas.
El operativo se llevó a cabo luego que el juez subrogante Alvaro Coleffi autorizara a la Unidad Fiscal a realizar el operativo en el edificio del diario.
Por su parte, el fiscal Pallazani señaló esta noche a Télam que el allanamiento "fue positivo, nosotros estamos conformes, fue un buen resultado, donde se encontraron bastantes elementos".
"Ahora tendremos que procesar los archivos periodísticos y fotográficos, como así también la información que se encuentra en dos CPU", agregó.
El juez Coleffi ordenó el pasado viernes que Massot deberá prestar declaración indagatoria el 24 de abril y que debido a la causa no pueda salir del país.
Así el magistrado hizo lugar al pedido de los fiscales Pallazani y Nebbia para que el empresario preste declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está siendo investigado.
Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional".
Para este fin, habría contribuido desde el multimedios actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales", señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.
En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
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